ALTO EL FUEGO DE ETA
No es la primera vez, ni tampoco la última que ETA anuncia una ‘tregua’, ‘alto el fuego’ o similar. Todos sabemos que una banda cuyo nacimiento tuvo lugar en torno a las armas y su vida se basó en ellas no puede prescindir de forma gratuita de las mismas. El comunicado de ETA no contiene indicio alguno de arrepentimiento, ni siquiera del reconocimiento de errores cometidos.
El fin de una banda terrorista de este tipo no puede ser pactada de la forma que quiere hacerlo ETA, así lo exigen los fundamentos de una democracia constitucional y la dignidad, la memoria y la justicia con las víctimas y sus familiares, la prioridad del Gobierno del PSOE debe encaminarse a constatar que existe una decisión irreversible de ETA de poner fin a su actividad criminal y no se le debe dar ningún tipo de concesión, privilegio o beneficio frente a la ley.
No debemos pasar por alto que durante año y medio el Gobierno ha mentido al responder en el Congreso de los Diputados las preguntas formuladas sobre la comunicación que mantenía con la banda terrorista, ocultando y negando sistemáticamente unos contactos numerosos y a través de diferentes vías e interlocutores, me vienen a la cabeza las palabras del flamante ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la última jornada de reflexión: ‘España no merece un gobierno que le mienta’
El fin de ETA debe llegar por la vía policial y dentro de los límites del Estado de Derecho, no se puede consentir el chantaje que supone ceder ante un referéndum de autodeterminación del País Vasco, la adhesión de Navarra al futurible País Vasco independiente, la liberación de los presos de ETA al margen de la normativa penitenciaria vigente y la interpretación que de la misma ha hecho, recientemente, el Tribunal Supremo, no se puede pagar a cambio de su ‘alto el fuego’ que los miembros de ETA en el extranjero vuelvan a España sin someterse a los procesos penales que tengan pendientes, la legalización de los Partidos declarados ilegales conforme a la normativa vigente, e incluídos en las listas europeas de entidades terroristas.
No podemos permitir que se niegue a las víctimas del terrorismo el papel que deben representar en el proceso y no se les reconozca el sufrimiento y el sacrificio por los que han pasado y que su dignidad y la justicia demandan, que se olvide a los miles de ciudadanos vascos que abandonaron la región víctimas de las amenazas y extorsiones contra ellos y sus familias. No podemos consentir que se llegue al reconocimiento y la legitimación de 40 años de terrorismo.
El fin de una banda terrorista de este tipo no puede ser pactada de la forma que quiere hacerlo ETA, así lo exigen los fundamentos de una democracia constitucional y la dignidad, la memoria y la justicia con las víctimas y sus familiares, la prioridad del Gobierno del PSOE debe encaminarse a constatar que existe una decisión irreversible de ETA de poner fin a su actividad criminal y no se le debe dar ningún tipo de concesión, privilegio o beneficio frente a la ley.
No debemos pasar por alto que durante año y medio el Gobierno ha mentido al responder en el Congreso de los Diputados las preguntas formuladas sobre la comunicación que mantenía con la banda terrorista, ocultando y negando sistemáticamente unos contactos numerosos y a través de diferentes vías e interlocutores, me vienen a la cabeza las palabras del flamante ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la última jornada de reflexión: ‘España no merece un gobierno que le mienta’
El fin de ETA debe llegar por la vía policial y dentro de los límites del Estado de Derecho, no se puede consentir el chantaje que supone ceder ante un referéndum de autodeterminación del País Vasco, la adhesión de Navarra al futurible País Vasco independiente, la liberación de los presos de ETA al margen de la normativa penitenciaria vigente y la interpretación que de la misma ha hecho, recientemente, el Tribunal Supremo, no se puede pagar a cambio de su ‘alto el fuego’ que los miembros de ETA en el extranjero vuelvan a España sin someterse a los procesos penales que tengan pendientes, la legalización de los Partidos declarados ilegales conforme a la normativa vigente, e incluídos en las listas europeas de entidades terroristas.
No podemos permitir que se niegue a las víctimas del terrorismo el papel que deben representar en el proceso y no se les reconozca el sufrimiento y el sacrificio por los que han pasado y que su dignidad y la justicia demandan, que se olvide a los miles de ciudadanos vascos que abandonaron la región víctimas de las amenazas y extorsiones contra ellos y sus familias. No podemos consentir que se llegue al reconocimiento y la legitimación de 40 años de terrorismo.




